¿Recuerdas cuando comprar un teléfono prepago sin dejar rastro era tan sencillo como pagar en efectivo en una tienda? Pues la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) quiere acabar con esa posibilidad. Una propuesta presentada en mayo obligaría a las operadoras a recopilar el nombre, la dirección y un número de identificación gubernamental de prácticamente todos los usuarios de telefonía móvil en Estados Unidos, incluidos los de prepago. El objetivo declarado: frenar la oleada de robocalls y estafas.

¿Qué exige exactamente la norma?

Las compañías telefónicas tendrían que asociar datos de identificación verificados a cada número que salga de sus redes. Además, deberían marcar como sospechosa cualquier actividad inusual, como pagos con criptomonedas o números no vinculados a una dirección residencial. Si un número se considera sospechoso, esa información se conservaría durante hasta cuatro años.

El plazo para presentar comentarios públicos iniciales cierra hoy, 25 de junio de 2026. Después, la FCC abrirá un período de réplica con fecha límite el 27 de julio, y luego tomará una decisión final. De momento no hay un calendario para la implementación si la norma sigue adelante.

¿Qué servicios quedarían en la cuerda floja?

La propuesta amenaza directamente a operadores como Phreeli, un servicio que permite registrarse solo con un código postal. Su fundador, Nicholas Merrill, explicó a WIRED que buscan «ayudar a las personas a sentirse más cómodas viviendo su vida normal, sin sentirse vigiladas y explotadas por operaciones masivas de vigilancia y minería de datos». Con las nuevas reglas, esa promesa de anonimato se desvanecería.

Preocupaciones desde la privacidad y la seguridad

Grupos de defensa de la privacidad y organizaciones civiles han alzado la voz. La National Network to End Domestic Violence presentó declaraciones ante la FCC argumentando que las «banderas rojas» propuestas «afectan a prácticas que las personas supervivientes utilizan habitualmente para protegerse de ser monitoreadas o dañadas por agresores». Para víctimas de violencia doméstica, agresión sexual o acoso, un teléfono anónimo no es un lujo, es una herramienta de seguridad esencial.

Además, las nuevas reglas podrían desconectar efectivamente a millones de personas que no poseen una identificación gubernamental, como residentes indocumentados.

Jay Stanley, analista principal de políticas de la ACLU, lo expresó con claridad: «Durante décadas, los defensores de las libertades civiles miraron hacia países autoritarios donde el gobierno exige registrar un teléfono móvil para garantizar que puedan ser rastreados. Nunca pensamos que eso ocurriría aquí».

¿Qué viene ahora?

La FCC ha recibido comentarios durante el último mes. Con el cierre del período de comentarios públicos, el siguiente paso es la fase de réplica, que finaliza el 27 de julio. A partir de ahí, la agencia decidirá si adopta la norma de forma definitiva. Por ahora, la incertidumbre rodea a millones de usuarios que valoran el anonimato en sus comunicaciones móviles, desde defensores de la privacidad hasta colectivos vulnerables. La decisión final podría redefinir el concepto de telefonía anónima en Estados Unidos.