Washington entra en la pelea

El gobierno de Estados Unidos ha presentado una solicitud formal para intervenir en el recurso de Elon Musk y X contra la multa de 120 millones de euros impuesta por la Comisión Europea. El paso lo ha dado el Departamento de Justicia (DOJ), con el apoyo del Departamento de Estado, ante el Tribunal General de la UE en Luxemburgo. Ese tribunal decidirá si Washington puede participar en el caso.

La sanción, anunciada en diciembre de 2025, es la primera decisión oficial de incumplimiento adoptada bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA). Tras una investigación de dos años, la Comisión concluyó que X «engaña a los usuarios» al vender la marca azul de verificación sin comprobar de forma efectiva quién está detrás de cada cuenta.

El argumento de EE.UU.

El DOJ sostiene que la Comisión ha intentado extender su alcance más allá de sus competencias. La solicitud se apoya en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la UE, que permite intervenir a un Estado con interés en el resultado del caso. Según Washington, ese interés existe: las decisiones del regulador europeo deben ser coherentes con «cómo se entiende generalmente la jurisdicción territorial en el derecho internacional».

EE.UU. también quiere evitar que el caso siente un precedente que perjudique a sus empresas digitales. El DOJ recuerda que grandes plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn tienen su sede en territorio estadounidense y contribuyen de forma significativa a la economía del país. Brett A. Shumate, responsable de la División Civil del DOJ, fue tajante: Washington no va a tolerar que la Comisión recurra al exceso regulatorio para controlar los motores estadounidenses de innovación y crecimiento.

El caso, añade el DOJ, tiene implicaciones para las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. No es la primera vez que la Casa Blanca carga contra la DSA. Donald Trump ha calificado las multas europeas de «extorsión en el extranjero» y el año pasado amenazó con imponer aranceles a cualquier país que aprobara regulación digital diseñada, en su opinión, para dañar o discriminar a la tecnología estadounidense. El vicepresidente JD Vance también se ha referido a las reglas de moderación de contenidos de la DSA como «censura autoritaria».

Qué dice Bruselas

La Comisión Europea niega que esté apuntando a ninguna nacionalidad en concreto. Su respuesta ha sido que se limita a proteger sus estándares digitales y democráticos para seguir siendo un referente global. Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la soberanía tecnológica, dijo al anunciarse la multa que la decisión hacía responsable a X por vulnerar los derechos de los usuarios y eludir la rendición de cuentas: «Engañar a los usuarios con las marcas azules, ocultar información sobre los anuncios y excluir a los investigadores no tiene cabida en la UE».

No es solo una cuestión de verificación. La Comisión también acusó a X de no ofrecer transparencia en su publicidad y de impedir el acceso de los investigadores a los datos públicos. En julio, Bruselas aceptó el plan presentado por la plataforma para corregir los problemas de acceso a los datos, con un plazo de seis meses para aplicarlo.

La respuesta de X

Musk y X presentaron su recurso en febrero. En él, la compañía califica la investigación de «incompleta y superficial» y sostiene que la interpretación que hace la Comisión de las obligaciones de la DSA es «forzada». También denuncia que no se respetaron los derechos de defensa y apunta a un posible sesgo en el proceso.

Fuera de los tribunales, el tono sube. El secretario de Estado Marco Rubio y la FCC ya habían criticado al regulador europeo por atacar y censurar a empresas estadounidenses. En un mensaje en X, Rubio escribió que la multa no era solo un ataque a la red social, sino a todas las plataformas tecnológicas de EE.UU. y a los propios estadounidenses. Musk reprodujo el mensaje con un «absolutely».

La UE mantiene además otras investigaciones abiertas sobre X, incluida una relativa a su asistente de inteligencia artificial Grok, por la preocupación de que pudiera utilizarse para generar imágenes sexualizadas de personas reales.