Apple ha vuelto a la arena judicial del Reino Unido con una nueva queja legal presentada ante el Investigatory Powers Tribunal (IPT), el tribunal que supervisa los casos de vigilancia gubernamental. Según informa el Financial Times, este movimiento es un desafío directo a una orden secreta emitida por el Home Office que exige acceso a los datos cifrados de los usuarios.

Un déjà vu de la lucha por la privacidad

No es la primera vez que Apple y el gobierno británico se enfrentan por este motivo. A principios de 2025, Londres emitió una orden similar que exigía acceso a las copias de seguridad cifradas de iCloud. Aquella polémica orden se retiró tras la intervención de la administración Trump. La consecuencia inmediata fue que Apple desactivó la función Advanced Data Protection (ADP) para nuevos usuarios en el Reino Unido.

Ahora, la historia se repite. En octubre de 2025, el gobierno británico emitió una segunda orden, conocida como «technical capability notice» . Se trata de un mandato legal secreto que, según los críticos, equivale a exigir una puerta trasera en los servidores de Apple. Esta nueva orden, a diferencia de la anterior, no se aplicaría a usuarios estadounidenses. Apple ha respondido presentando una queja ante el IPT.

El meollo del conflicto: el cifrado de extremo a extremo

El centro de la disputa es Advanced Data Protection, una función opcional que eleva la protección de los datos guardados en iCloud: copias de seguridad, fotos, archivos de Drive y notas de voz. ADP se basa en cifrado de extremo a extremo, lo que impide que incluso Apple pueda ver su contenido. Es precisamente esa inaccesibilidad lo que el gobierno británico quiere sortear.

El gobierno declaró que no comentaría sobre los procedimientos legales ni sobre lo que llamó «asuntos operativos». No obstante, añadió en un comunicado: «El Reino Unido apoya el cifrado sólido y las protecciones de privacidad robustas, pero también es vital que las fuerzas de seguridad puedan acceder a las comunicaciones cuando sea necesario y proporcionado para proteger al público del terrorismo, los delitos graves y el abuso sexual infantil».

Por su parte, Apple remitió a los periodistas a una declaración del año pasado, tras su primer desafío. En ella, la compañía se mostraba «gravemente decepcionada» por no poder ofrecer ADP a los nuevos usuarios del Reino Unido, y afirmaba: «Como hemos dicho muchas veces antes, nunca hemos creado una puerta trasera o una llave maestra para ninguno de nuestros productos o servicios, y nunca lo haremos».

Reacciones y voces autorizadas

Grupos de defensa de la privacidad han aplaudido la nueva acción legal de Apple. Privacy International declaró: «Nos alegramos de saber que Apple vuelve a desafiar el régimen de órdenes secretas del Reino Unido». La organización añadió que, si la queja se relaciona con las órdenes para socavar la seguridad del iCloud, el caso es «crucialmente importante para preservar nuestra privacidad y seguridad».

Ruth Ehrlich, directora de relaciones externas de Liberty, calificó el caso como «extremadamente importante» y de «gran alcance para los derechos de privacidad del público en el futuro». «El cifrado de extremo a extremo es una herramienta de seguridad esencial que protege nuestros datos personales», subrayó Ehrlich, advirtiendo que «abrir una puerta trasera a toda esa información conlleva una amplia gama de riesgos para nuestros datos personales».

Sin embargo, no todas las voces son críticas. Sir Brian Leveson, el Comisionado de Poderes de Investigación que supervisa de forma independiente el uso de estos poderes, ha criticado anteriormente el uso mediático del término «puerta trasera». Leveson señaló que las notificaciones como las de este caso solo se emitirían «si el Secretario de Estado lo considera necesario y proporcionado, y esta decisión es revisada y aprobada de forma independiente por un Comisionado Judicial».

Un pulso que no cesa

Esta nueva batalla legal se enmarca en la Ley de Poderes de Investigación (IPA) , que permite al gobierno emitir órdenes secretas para obligar a las empresas a proporcionar a los servicios de seguridad del Reino Unido formas de acceder a los datos de los clientes. El gobierno ya había luchado sin éxito por mantener en secreto los desafíos legales a su primera orden.

Mientras Apple defiende su postura de no crear una puerta trasera, el gobierno insiste en la necesidad de acceso para fines de aplicación de la ley. Apple confirmó a la BBC que ha lanzado la nueva acción legal, aunque no detalló su contenido. El caso queda ahora en manos del Investigatory Powers Tribunal.